La Paz, 05 de noviembre de 2024 – El Defensor del Pueblo, Sr. Pedro Callisaya, presentó la planificación estratégica y resultados priorizados 2024-2028, y también se aprovecho para conocer una descripción de la situación de los derechos humanos en el país, durante la gestión 2023.
De acuerdo la Defensoría, en el transcurso del período de referencia, se registró una tendencia positiva en algunos indicadores relativos al desarrollo humano, derechos económicos y sociales. En 2023, la agenda económica y política del país estuvo marcada, en primer lugar, por la profundización de la crisis económica, como consecuencia de algunos factores de larga data (caída de reservas internacionales, déficit fiscal persistente, subvención de combustibles, entre otros). Y, en segundo lugar, por una división al interior del partido de gobierno, que se reflejó en la dificultad o imposibilidad de lograr consensos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre algunos temas sustantivos, como la preselección de candidatos a altas autoridades judiciales.
La imposibilidad de llevar a cabo las elecciones judiciales a fines del 2023, no hizo más que agudizar la crisis estructural que padece el sistema de justicia en el país, en los ámbitos de acceso, independencia y transparencia judiciales.
También se aprovechó para presentar el informe sobre la situación de derechos humanos en Bolivia que describe los avances y pendientes del Estado, respecto al ejercicio de derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país, en particular respecto a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, personas que viven con VIH, pueblos indígenas, pueblo Afroboliviano, y personas en situación de movilidad humana.
